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Fondo De Compensacion Del Sheriff De Maricopa

Con Respecto a

En el caso de Manuel de Jesus Ortega Melendres v. Arpaio, un tribunal federal determinó que la Oficina del Alguacil del Condado Maricopa (MCSO), cuando estaba bajo el ex Alguacil Joe Arpaio, violó sistemáticamente los derechos de los Latinos, sometiéndolos a perfiles raciales y otras acciones ilegales. Debido a estas prácticas inconstitucionales, actualmente MCSO está bajo la supervisión de un Monitor nombrado por el Tribunal Federal pero ahora la Oficina del Alguacil del Condado Maricopa se ha comprometido a obedecer todas las órdenes judiciales derivadas de este caso.

El Alguacil Penzone ha asumido la responsabilidad de cumplir las órdenes judiciales, del ahora retitulado Manuel de Jesus Ortega Melendres v. Penzone. Desde que se convirtio en al nuevo Alguacil, el Alguacil Penzone ha dado pasos importantes para identificar a las personas dentro de MCSO para que dirigiran en basandose en la mejor ética, criterio y habilidades. El Sheriff Penzone también ha realizado cambios estructurales dentro de la Oficina del Sheriff que enfatizan su posición de hacer de MCSO una organización altamente profesional y un líder en el cumplimiento de la ley.

El cumplimiento de las reformas ordenadas por el tribunal ha sido y seguirá siendo una prioridad para el Sheriff Penzone. Él cree que obtener el "cumplimiento completo y efectivo" de las Órdenes es la forma más rápida de asegurar que MCSO está siguiendo los mejores procedimientos policiales y brindando los servicios más profesionales a todos en nuestra comunidad. Él está igualmente comprometido a reconstruir la confianza con la comunidad latina, reconociendo el daño causado a la comunidad.

División de Implementación de la Corte (CID)

La División de Implementación Judicial fue creada bajo la dirección de la Primera Orden de la Corte Suplementaria. CID consiste de 1 capitán, 1 teniente, 6 sargentos, 2 comisarios y 2 personas de administración. Sirve como un conducto central de información entre el Monitores designados por la corte y todas las áreas de MCSO. También trabaja cercanamente con todas las partes involucradas en la demanda de Melendres para mejorar la comunicación y seguir adelante con el cumplimiento de las reformas ordenadas por la Corte seguidas por MCSO.

Panorama Histórico

 En Diciembre del 2007, conductores latinos presentaron una demanda contra MCSO y el ex Alguacil Joe Arpaio, alegando que MCSO se comprometió en un procedimiento, de táctica, y práctica de perfiles raciales de latinos, y su política de detener inconstitucionalmente a personas sin sospecha razonable de actividad criminal, en violación de sus derechos de la Cuarta y Decimocuarta Enmienda.

El ex Alguacil Arpaio, en su deseo de hacer MCSO una "agencia de inmigración anti-ilegal completa", creó una agencia donde la raza, y no la criminalidad, sirvió como base para elegir como blanco a los latinos. A pesar de que la gran mayoría de los latinos en El Condado Maricopa eran residentes legales de los Estados Unidos, MCSO usaba raza y ascendencia hispana como pretexto para investigar violaciones de inmigración.

MCSO dirigía una serie de operaciones principalmente eligiendo como blanco a los latinos, utilizando la Unidad de Contrabando Humano (HSU), creada en el 2006, y el acuerdo 287 (g) con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que permitió a ciertos agentes de policía actuar como agentes de inmigración. Algunas eran operaciones a pequeña escala enfocadas en jornaleros, ya que MCSO consideraba equivalente a un jornalero hispano o mexicano con ser un inmigrante indocumentado. MCSO también llevó a cabo grandes "patrullas de saturación" en comunidades predominantemente latinas. Estas patrullas de saturación utilizaron el control del tráfico para verificar el estado migratorio de los latinos detenidos por infracciones menores de tráfico. A pesar de la revocación posterior por parte del gobierno federal del acuerdo 287 (g), MCSO continuó aplicando la ley de inmigración.

El 24 de mayo del 2013, la Corte falló a favor de la comunidad latina, al constatar que las políticas y procedimientos de MCSO institucionalizaron la consideración ilegal de la raza como un hecho en sus prácticas de mantener el orden público.

El Tribunal dictaminó que MCSO debe detener su ejercitación de inmigración y no puede usar la ascendencia hispana como un hecho para tomar decisiones en aplicar la ley, ya que viola las Enmiendas 4 y 14 de la Constitución de los Estados Unidos.

También se le prohibió a MCSO extender las paradas de tráfico con el propósito de investigar el estado migratorio o llamar a ICE. El tribunal emitió una orden detallando las acciones requeridas por MCSO para entrar en conformidad y nombró a un monitor independiente para supervisar el proceso.

A pesar de la orden de la Corte, los perfiles raciales de los latinos continuaron. El ex Alguacil Arpaio violó persistentemente y públicamente la orden del juez. La corte encontró que los agentes de policía de MCSO demostraron la intención de violar y manipular las leyes y políticas que regulan su conducta, ya que las consideraban justas, equitativas e imparciales con respecto a la comunidad latina. Debido a que el ex Alguacil Arpaio y otros agentes de policía de MCSO infringieron reiteradamente la orden del juez de detener el perfil racial de los latinos, el juez emitió la segunda orden de la Corte Suplementaria, que requirió supervisión adicional y reformas para MCSO.

En noviembre del 2016, la gente votó la dimisión de Joe Arpaio y eligió a Paul Penzone como el nuevo Alguacil del condado Maricopa. El Alguacil Penzone reemplazó a casi todo el personal de comando ejecutivo de MCSO. Creó una nueva División de Alcance Comunitario (COrD), que comenzó a trabajar diligentemente para involucrarse con la comunidad y reconstruir las relaciones dañadas entre la comunidad y MCSO. Desde que asumió el cargo, el Alguacil y el personal de MCSO han asistido a más de 450 reuniones y eventos comunitarios.

Consejo de Asesores

• El Consejo de Asesor de la Comunidad (CAB) es una comisión independiente de 5 miembros creada por el Tribunal en Melendres. El CAB se reúne regularmente con MCSO y los asesora sobre cuestiones relacionadas con la comunidad latina y el cumplimiento de las órdenes judiciales. También tienen la tarea de facilitar el diálogo regular entre el MCSO y los líderes de la comunidad. Además, el CAB se reúne al menos 3 veces al año para escuchar a la comunidad afectada y sus experiencias con MCSO. El CAB realiza esfuerzos razonables para abordar cualquier inquietud expresada por la comunidad.

• Se crearon consejos de asesores comunitarios adicionales bajo la dirección del Alguacil Penzone. Estas juntas asesoran al Alguacil sobre asuntos importantes que afectan a la comunidad y sirven como voz para y por las comunidades que representan:

• SPEAR – Revisión Consultiva Ejecutiva del Alguacil Penzone. SPEAR está formado por diversos miembros de la comunidad de todo el condado. Han asesorado con la Tienda de Campaña y el pelotón del Alguacil.

• El Consejo de Asesora Hispana está compuesto por soñadores empresarios, activistas, educadores y líderes comunitarios.

• El Alguacil también formó un Consejo Asesor Afroamericano y un LGBTQ.

Reuniones Comunitarias Trimestrales

Como parte de la orden judicial, el Alguacil Penzone realiza reuniones comunitarias trimestralmente con el propósito específico de actualizar a la comunidad sobre el cumplimiento de las órdenes judiciales. Aunque la planificación y organización de estas reuniones había sido realizada por el Monitor, el Alguacil Penzone solicitó que esta responsabilidad se transfiriera a MCSO en un esfuerzo por mejorar las relaciones con la comunidad y reparar la relación dañada entre MCSO y la comunidad latina. Actualmente estas reuniones no se están llevando a cabo debido a la pandemia.

Conclusión

MCSO ha dedicado recursos financieros y de personal sin precedentes para fomentar a la organización hacia el cumplimiento y lograr su objetivo de "cumplimiento total y efectivo". El camino de MCSO hacia la conformidad es un verdadero esfuerzo de colaboración entre MCSO, el Monitor y los abogados que representan a los Demandantes y el Departamento de Justicia.